Penal
Ley de limitación de telefonía móvil en centros penales (Decreto 133-2013)
Esta ley prohíbe que las compañías de telefonía móvil brinden servicio dentro de las cárceles hondureñas. Ordena desmontar antenas y bloquear señales en centros penales para evitar que los reclusos usen celulares en delitos. Las empresas que incumplan enfrentan multas de 20 millones de lempiras o pérdida de su licencia.
Decreto 106-2016 mediante el cual se reforma el Artículo 1 del Decreto No. 228-93, contentivo de la Ley del Ministerio Público, y se adiciona un nuevo Artículo denominado 44-A
El Decreto 106-2016 crea una unidad especializada en el Ministerio Público para investigar femicidios y muertes violentas de mujeres, y establece una comisión interinstitucional para coordinar y supervisar estas investigaciones. Afecta a todas las mujeres víctimas de violencia letal, buscando mejorar la respuesta estatal contra estos delitos graves.
Decreto Legislativo No. 43-2015 — Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Centros Penitenciarios, Granjas Penales y Centros de Internamiento de Niñas y Niños a Nivel Nacional
Decreto Legislativo No. 74-2013 — Reformas al Código Procesal Penal y adición de Procedimiento Expedito para Delitos en Flagrancia
Crear Unidad Prevencion Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Este acuerdo crea la UPLAFT, una unidad especializada en la Secretaría de Obras Públicas para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La unidad supervisa el cumplimiento de leyes contra estos delitos, capacita al personal, coordina con otras instituciones y reporta al Secretario de Estado sobre avances en la lucha contra actividades criminales.
Ley de la Policia Militar del Orden Publico (3,9mb)
Esta ley crea la Policía Militar del Orden Público (P.M.O.P.), una unidad de las Fuerzas Armadas de Honduras especializada en combatir el crimen organizado y mantener el orden público en todo el país, trabajando junto con la Policía Nacional. Los miembros reciben entrenamiento especial, pruebas de confianza y bonificaciones, y pueden ser acompañados por jueces y fiscales que pueden trabajar desde el extranjero usando videoconferencias.
Acuerdo Ejecutivo — Gracia de Indulto a favor de Olman Eliseo Cruzmejia
Decreto Legislativo No. 56-2013 — Reforma del Artículo 184 del Código Procesal Penal - Sustitución de la Prisión Preventiva
Codigo Procesal Penal (2024)
Este Código establece las reglas fundamentales del proceso penal en Honduras. Define que nadie puede ser condenado sin un juicio público y oral ante un juez competente, que toda persona es inocente hasta que se compruebe su culpabilidad, y protege derechos como la defensa legal y la igualdad de las partes. Aplica a todos los ciudadanos procesados penalmente y tiene como objetivo garantizar una justicia rápida, justa e imparcial respetando la dignidad humana.
Código Procesal Penal (reforma 2017)
Este Código establece las reglas fundamentales para los procesos penales en Honduras. Garantiza que nadie sea condenado sin juicio justo, presume la inocencia de los acusados, protege el derecho a defensa legal y organiza los tribunales para juzgar delitos. También regula cómo actúan fiscales, víctimas y defensores durante el proceso.
Ley de Indulto (7,1mb)
Esta ley actualiza y regula el proceso de indulto en Honduras, permitiendo que el Presidente(a) pueda perdonar o reducir penas de personas condenadas que cumplan ciertos requisitos, como haber cumplido más de la mitad de su condena, sin antecedentes previos por delitos graves, y haber mostrado buen comportamiento. Protege a víctimas y a la sociedad al prohibir indultos para delitos graves como crímenes de lesa humanidad, asesinato y tráfico de drogas.
Reforma Arts Ley Especial sobre Intervencion de las Comuni
Este decreto reforma la Ley Especial sobre Intervención de Comunicaciones Privadas estableciendo que los jueces deben enviar un oficio a la Unidad de Intervención de Comunicaciones para autorizar la intervención de llamadas o mensajes en investigaciones criminales. Afecta a autoridades judiciales y agencias que persiguen delitos, permitiéndoles obtener pruebas mediante intervención de comunicaciones bajo supervisión legal.
Acuerdo No. CSJ-3-2024 — Acuerdo de modificación de la competencia objetiva para el conocimiento del circuito judicial nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción
La Corte Suprema de Justicia amplía la competencia de los jueces nacionales especializados en criminalidad organizada para que también conozcan delitos ambientales, urbanísticos y contra el patrimonio cultural. Esta medida busca proteger los bosques y recursos naturales de Honduras enfrentando la crisis ambiental, la deforestación ilegal y el crimen organizado en áreas como Olancho y La Mosquitia.
Acuerdo No. CSJ-08-2023 — Acuerdo sobre competencia del Circuito Judicial con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción - Reforma por adición
Este acuerdo amplía la competencia de los juzgados especializados en criminalidad organizada, corrupción y medio ambiente para que conozcan casos en todo el territorio nacional. Define qué delitos pueden juzgar (narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, contaminación ambiental, entre otros) y establece que sus sedes funcionarán en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, beneficiando a ciudadanos que requieren justicia especializada en estos delitos graves.
Ley del Sistema Penitenciario Nacional (17,4mb)
Esta ley crea y organiza el Instituto Nacional Penitenciario (INP) para administrar las cárceles y centros penales de Honduras. Establece que las prisiones deben rehabilitar a los reclusos, respetando sus derechos humanos, bajo un sistema progresivo de tratamiento supervisado por jueces. Define la estructura, funciones y responsabilidades de las autoridades penitenciarias, así como las reglas de disciplina y derechos de las personas privadas de libertad.
Ley contra la Trata de Personas (11,1mb)
Esta ley crea el marco legal para prevenir la trata de personas, castigar a los tratantes y proteger a las víctimas en Honduras. Establece la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas, garantiza derechos a las víctimas (atención médica, legal, alojamiento seguro), facilita su reintegración social y obliga a las autoridades a denunciar casos.
Acuerdo Ejecutivo No. 001-2016 — Reglamento de Visitas en los Establecimientos del Sistema Penitenciario Nacional
Decreto No 101-2015 Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad
Esta ley obliga a las personas en prisiones hondureñas a trabajar 5 horas diarias como parte de su rehabilitación y readaptación social. El trabajo busca que generen recursos para su manutención, eviten problemas de conducta y adquieran habilidades laborales. Para los prisioneros considerados de alta peligrosidad, establece un régimen especial con aislamiento en celdas de máxima seguridad y restricciones severas.
Decreto Legislativo No. 95-2017 — Reforma del Código Penal, Código Procesal Penal, Ley del Sistema Penitenciario Nacional y Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Centros Penitenciarios
Acuerdo No. 01-2019 — Reglamento Especial del Régimen de Permanencia para Personas Privadas de Libertad de Alta Peligrosidad y Agresividad
Acuerdo No. 01-2019 — Reglamento Especial del Régimen de Permanencia para Personas Privadas de Libertad de Alta Peligrosidad y Agresividad
Acuerdo Ejecutivo No. 1-2018 — Acuerdo del Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario
Ley de Disponibilidad Emergente de Activos Incautados (0,5mb)
Esta ley permite al Estado usar inmediatamente el dinero y bienes incautados por delitos para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y programas sociales, sin esperar sentencias judiciales finales. Distribuye estos recursos entre Ministerio Público (26.7%), Seguridad (26.7%), Defensa (26.6%), Programa Bono 10 Mil (10%) y Desarrollo Social (10%), garantizando devolución si los tribunales lo ordenan.
Ley Especial sobre Intervencion de las Comunicaciones Privadas (8,2mb)
Esta ley permite a jueces autorizar intervenciones de comunicaciones privadas (llamadas, mensajes, correos) como herramienta excepcional para investigar delitos graves. Solo el Ministerio Público puede solicitarlo, el juez debe autorizar por escrito en máximo 4 horas, y crea la Unidad de Intervención de Comunicaciones para ejecutar estas medidas bajo vigilancia judicial. Protege la privacidad exigiendo confidencialidad, plazos limitados (máximo 3 meses prorrogables) y sanciona duramente a quien divulgue información.