Prohibir a los productores, criadores, engordadores, vendedores intermediarios que enreguen a los mataderos nacionales ganado bovino a los que se haya aplicado avermectina, hormonas y/O antibióticos, sin que se cumpla el período de retiro recomendado por el médico veterinarios y/o fabricante del mismo.

Esta ley crea un sistema de rastreo (GUIASA) que obliga a productores, transportistas y vendedores de animales y productos agrícolas a registrar y documentar cada movimiento desde su origen hasta destino. Busca controlar la salud animal, prevenir enfermedades y mejorar el acceso a mercados internacionales.

Este acuerdo permite temporalmente exportar frijol rojo desde Honduras hasta marzo de 2016, revocando una prohibición anterior. Aplica a productores y exportadores que demuestren tener contratos de venta en el extranjero, garantizando que la producción nacional (2 millones de quintales) cubre el abastecimiento interno del país.

SENASA reforma sus tarifas de servicios de inspección, certificación sanitaria y análisis de alimentos para que reflejen costos reales. Afecta a productores, importadores y exportadores agropecuarios, asegurando que paguen tasas justas según el esfuerzo que conlleva cada servicio de sanidad e inocuidad agroalimentaria.

Esta ley protege los derechos de autores de obras literarias, artísticas y digitales, así como de intérpretes, productores de música y radiodifusoras. Establece que los autores tienen derechos morales (paternidad de la obra) y patrimoniales (beneficios económicos) durante su vida y 75 años después, con excepciones para uso personal, educativo y de biblioteca. También regula contratos de edición y la gestión colectiva de derechos.

Esta ley protege los derechos de autores y creadores sobre sus obras literarias, artísticas y de programación, así como los derechos de artistas, productores de música y radioemisoras. Establece que los creadores tienen control exclusivo sobre cómo se usan sus obras, reciben compensación económica y pueden proteger su reputación. La ley también crea una oficina administrativa para supervisar estos derechos y penaliza el uso no autorizado de obras.