Decreto No. 134-1990 — Ley de Municipalidades

Esta reforma clarifica que las empresas de telecomunicaciones deben pagar un impuesto municipal del 1.8% sobre sus ingresos brutos, a más tardar el 31 de mayo cada año. Afecta a operadores de telefonía, internet, televisión por cable y servicios similares en Honduras, y permite que las municipalidades reciban estos fondos de manera centralizada sin cobrar tasas adicionales.

Esta ley protege a los municipios limitando los embargos judiciales a solo el 30% de sus transferencias del Estado, evitando que pierdan toda su financiación para servicios básicos como agua, recolección de basura y salarios. Los jueces que ignoren este límite responden legalmente, garantizando que los municipios puedan seguir funcionando mientras pagan sus deudas.

Esta ley protege el dinero que el Estado envía a los municipios limitando los embargos judiciales al 30% máximo de esas transferencias. Garantiza que los municipios puedan seguir pagando salarios y servicios básicos incluso cuando tienen deudas por sentencias. Los jueces que ignoren este límite responden civilmente, penalmente y administrativamente.