La Gaceta

Que la Constitución de la República establece que corresponde al Estado promover el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente y garantizar el uso racional de los recursos naturales, en beneficio de las presentes y futuras generaciones.

Que la Ley General de la Administración Pública en su artículo 36 numeral 8, establece que es atribución de los Secretarios de Estado, emitir los acuerdos y resoluciones en los asuntos de su competencia y aquellos que le delegue el Presidente de la República y cuidar de su ejecución.

Que el artículo 65 de la Ley General de Minería (Decreto No. 238-2012) establece que el Estado podrá autorizar a través de sus instituciones competentes el aprovechamiento de materiales no metálicos con fines de interés público, como la construcción de hospitales, carreteras y obras de infraestructura estratégica.

Que el Reglamento General de la Ley de Minería (Acuerdo Ejecutivo No. 199-2015), en sus artículos 95 y 96, faculta al Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) para emitir normas técnicas específicas, realizar inspecciones de control y evaluar el cumplimiento técnico, ambiental y volumétrico de los bancos de préstamo.

EDIS ANTONIO MONCADA ELSA XIOMARA GARCIA FLORES Colonia MirafIores Teléfono/Fax: Gerencia 2230-2520, 2230-1821 Administración: 2230-3026 CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

Que mediante el Informe Técnico TBP-016-2025 y la Normativa Técnica NTBP-011-2025, el INHGEOMIN estableció que el aprovechamiento del banco de material no metálico denominado “Balastrera Veliz” requiere como condición indispensable la emisión previa de un Acuerdo Ministerial por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud (SESAL), para efectos de control, fiscalización y cumplimiento del marco legal vigente en materia de minería no metálica.

Que conforme a la Ley del Medio Ambiente (Decreto No. 104-93) y su Reglamento General (Acuerdo No. 189-2009), toda actividad extractiva debe ser evaluada ambientalmente y sujeta a monitoreo de impactos, incluyendo medidas de manejo de residuos, sedimentos, ruido, emisiones y restauración del entorno natural.

Que el proyecto “Diseño, Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha del Hospital San Isidro de Tocoa” forma parte del Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria (PARH) de la República de Honduras, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), cuyo objetivo es fortalecer la red hospitalaria mediante la construcción de nuevas instalaciones en Choluteca y Tocoa, beneficiando a más de 841,000 hondureños.

Que en el marco del PARH y conforme a los Términos de Referencia aprobados por el BCIE, la Agencia de Gestión y Supervisión (AGS) es responsable de monitorear el cumplimiento técnico, ambiental y social de los procesos constructivos, incluyendo la verificación de actividades asociadas a bancos de materiales, como parte del proyecto Hospital San Isidro de Tocoa.

Que la Constitución de la República de Honduras, establece que los Secretarios de Estado son colaboradores del Presidente de la República en la orientación, coordinación, dirección y supervisión de los órganos y entidades de la administración pública nacional, en el área de su competencia.

Que según Acuerdo Ejecutivo Número 11-2022 de fecha 27 de enero del 2022, se nombró a la ciudadana LAURA ELENA SUAZO TORRES, en el cargo de Secretaria de Estado en los Despachos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

Que el Artículo 123 de la Ley General de la Administración Pública establece: En defecto de disposición expresa, el titular de un órgano, en caso de ausencia o impedimento legal será sustituido por el subalterno más elevado en grado y en caso de paridad de grado, por el funcionario con más antigüedad en el servicio, en su defecto, por el funcionario que ostente el título profesional superior. .

Que la Constitución de la República, en su Artículo 340 declara “de utilidad y necesidad pública, la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la nación. El Estado reglamentará su aprovechamiento de acuerdo con el interés social y fijará las condiciones de su otorgamiento a los particulares”.

Que el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), es la autoridad encargada de reglamentar el aprovechamiento, protección, conservación y explotación de los recursos marinos de forma sostenible.

Que la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG) es la autoridad rectora del sector pesquero y acuícola, responsable de formular las políticas, en materia de pesca y sus conexos, pudiendo dictar medidas, procedimientos y requisitos necesarios para las investigaciones científicas y el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos.

Que corresponde a la DIGEPESCA, como entidad ejecutora desarrollar investigaciones y estudios que, permitan conocer el comportamiento de las especies hidrobiológicas, determinar su distribución geográfica, abundancia, densidad poblacional, métodos y artes de pesca, que contribuyan a la formulación de medidas técnicas para la correcta administración y conservación de las especies hidrobiológicas.

Que Honduras es signataria de convenios internacionales que tienen como objetivo la protección y conservación de los ecosistemas marino-costeros y su biodiversidad, por lo cual es obligatorio establecer medidas eficaces para evitar la sobreexplotación, así como la captura incidental de fauna de acompañamiento y especies no objetivo dentro de las pesquerías.

Que la República de Honduras es parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA) por lo cual está en el deber de cumplir con el Reglamento Regional OSP-06-13 sobre el Uso Adecuado de Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas (DET).

Que la falta de información científica actualizada no debe utilizarse como justificación para aplazar o dejar de tomar las medidas de conservación y gestión necesarias, y que los Estados pueden aplicar el Principio Precautorio de la FAO, en términos de garantizar la conservación, ordenación y aprovechamiento sustentable de los recursos acuáticos vivos con el fin de proteger y preservar el medio marino.

Que el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, establece principios de conformidad con las normas del derecho internacional pertinentes, para que la pesca y las actividades relacionadas a esta, se lleven a cabo de forma responsable en todos los aspectos biológicos, tecnológicos, económicos, sociales, ambientales y comerciales.

Que la pesca de arrastre de camarón en el caribe hondureño es una técnica que puede ser muy eficiente en términos de captura, pero que también tiene un alto impacto en el medio ambiente y en los ecosistemas marinos, sobre todo a nivel del fondo marino. Por lo que debe estar sujeta a regulaciones que permitan minimizar al máximo los impactos negativos sobre las especies no objetivo y sobre el ecosistema. Así mismo, se debe procurar el aprovechamiento de las diferentes especies de importancia comercial que son capturadas de forma incidental, aplicando las medidas establecidas en la Ley General de Pesca y Acuicultura, Acuerdos Ministeriales, Reglamentos Regionales y normativas conexas.

Que la Ley General de Pesca y Acuicultura, en su Artículo 22, establece que la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG) debe dictar medidas y planes de manejo específicos para establecer limitaciones al incremento del esfuerzo pesquero o a la racionalización de éste, para mantener la población de especies de interés pesquero en condición saludable y establecer regímenes de acceso controlado para las pesquería o pesquerías artesanales, aún y cuando el estado del recurso no presente riesgos de explotación.

CONSIDERANDO: La DIGEPESCA en cumplimiento con el artículo 37 de la Ley de Pesca vigente ha establecido áreas de NO PESCA para la Pesca de arrastre delimitadas dentro de las tres (03) millas náuticas exclusivas para la pesca artesanal, las cuales están destinadas a minimizar el impacto de los efectos adversos sobre ecosistemas vulnerables, particularmente en los estuarios que funcionan como zonas eco tonales de alta relevancia biogeoquímica, donde se produce la interfaz entre sistemas terrestres, dulceacuícolas y marinos. Estos ambientes costeros tropicales desempeñan un rol fundamental en el ciclo de vida de especies comerciales clave, incluyendo camarones peneidos, langostas, cangrejos y peces, los cuales representan una fuente significativa de alimentos y sustentan pesquerías de alto valor económico. La delimitación de estas áreas se fundamenta en criterios científicos que consideran tanto la distribución de los recursos pesqueros como la necesidad de proteger zonas de alta productividad biológica.

Que la apertura de la temporada de pesca de camarón de arrastre se encuentra condicionada a los resultados de los muestreos científicos que verifiquen el cumplimiento de la talla comercial mínima establecida, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Veda SAG-06-2025. Y que, de acuerdo con estos resultados, se podrán dictar medidas específicas de ordenamiento para su aprovechamiento.

Que, mediante el procedimiento de muestreo técnico realizado en cumplimiento estricto de los parámetros establecidos en el “Protocolo de Muestreo para la Verificación de Talla Comercial de Camarón de Arrastre” elaborado y oficializado por la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), se han obtenido resultados favorables que confirman el cumplimiento de los estándares biológico-pesqueros exigidos para la preservación del recurso, verificándose la predominancia de ejemplares por encima de la talla mínima comercial en las capturas evaluadas; en consecuencia, dicho protocolo se ratifica como instrumento técnico de obligatorio cumplimiento para la determinación objetiva de la viabilidad del inicio, continuidad o suspensión de la actividad pesquera, conforme a los principios de sostenibilidad y ordenamiento pesquero previstos en la legislación vigente.