Decreto Legislativo No. 323-2013 — Reforma de Artículos 3 literal b) y 4 literal b) de la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Extraordinario

Esta ley establece normas para la gestión de programas y proyectos de inversión pública en Honduras. Requiere que todas las instituciones registren sus proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública, mantengan actualizada la información financiera, y cumplan procedimientos específicos para obtener financiamiento, becas y transferencias presupuestarias.

Esta ley amplía la protección estatal para jueces y magistrados de la Corte Suprema y Cortes de Apelación que enfrentan riesgos por su trabajo. Ahora todos los magistrados tienen derecho a protección especial, no solo los presidentes, garantizando su seguridad e integridad mientras ejercen funciones judiciales.

Este decreto anula las leyes de 2013 que crearon las ZEDE (zonas privadas con gobiernos propios en Honduras). El Congreso afirma que esas zonas violaban la Constitución al permitir que empresas privadas ejercieran funciones que solo le corresponden al Estado, comprometiendo la soberanía nacional y el territorio. Por eso declara nulas todas las leyes y contratos derivados de las ZEDE, sin que haya derecho a indemnizaciones.

Esta ley exonera al Registro Nacional de las Personas (RNP) del pago de impuestos, tasas y derechos en sus operaciones y compras, facilitando el proyecto del nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI). Beneficia a todos los ciudadanos hondureños al modernizar el sistema de identificación nacional sin afectar las finanzas del Estado.