Leyes
Decreto Legislativo No. 156-2007 — Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Esta ley obliga al Instituto Forestal a depositar todos los ingresos que genera (por actividades propias o eventuales) en una cuenta del Banco Central de Honduras, a través de la Tesorería General. También establece que el ERSAP debe depositar el 100% de los ingresos por servicios de supervisión y vigilancia de agua potable en la misma cuenta estatal.
Decreto Legislativo No. 77-2024 — Revisión anual y ajuste del Salario Mínimo del personal de la Administración Pública
Este decreto ordena a todas las entidades públicas ajustar anualmente el salario mínimo de sus empleados basándose en la negociación salarial de la categoría de Servicios Comunales. Cada institución debe identificar cómo financiar este aumento con sus propios ahorros, mientras que el Ministerio de Finanzas autorizado a realizar los cambios presupuestarios necesarios. Los municipios quedan excluidos de esta obligación.
Decreto Legislativo No. 101-2024 — Autorización a ONCAE para elaborar instrumentos legales y operativos de compras y adquisiciones
Esta ley autoriza a la ONCAE a crear normas y procedimientos para que el gobierno, municipalidades y empresas públicas compren bienes y servicios de forma más rápida y eficiente. Esto incluye establecer reglas para licitaciones, plazos, compras locales y evaluación de proveedores, buscando agilizar gastos públicos y mejorar servicios a la población.
Decreto Legislativo No. 205-2024 — Distribución del monto total de transferencias a Municipalidades por programas
Esta ley ordena cómo los municipios deben gastar el dinero que reciben del gobierno central. El 35% se usa en programas sociales (educación, salud, agua), el 5% en programas para mujeres, el 20% en cultura y convivencia, el 10% en desarrollo administrativo, el 1% en transparencia municipal, el 20% en gastos de funcionamiento, y el resto en infraestructura. Los municipios que no inviertan el 5% en programas para mujeres serán multados.
Decreto Legislativo No. 267-2024 — Cumplimiento de Ley de Responsabilidad Fiscal
Este decreto ordena a todas las instituciones públicas reportar trimestralmente información sobre demandas judiciales, presupuestos y ejecución de gastos a las entidades de control financiero. También establece reglas para transferencias municipales, retenciones de pagos a deudas y exige que municipios presenten planes de inversión, rendiciones de cuentas y estados financieros para recibir fondos del gobierno.
Decreto Legislativo No. 115-2024 — Rescisión o resolución de contrato por suspensión o cancelación de préstamo o donación
Esta ley establece que si un préstamo o donación externa se suspende o cancela, el Estado puede rescindir el contrato pagando solo lo ejecutado hasta ese momento. También obliga a todas las compras públicas a hacerse a través del catálogo electrónico HONDUCOMPRAS, anulando compras que se hagan fuera si el producto está disponible en el sistema.
Decreto Legislativo No. 228-2024 — Subsidio para mantener estabilidad en tarifa de transporte urbano
El gobierno destina 250 millones de lempiras para subsidiar el transporte urbano de buses y mantener las tarifas accesibles para los ciudadanos. El dinero se entrega al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) para que las personas puedan pagar menos por sus pasajes.
Decreto Legislativo No. 231-2024 — Incorporación de recursos externos provenientes de Donaciones y Apoyo Presupuestario
Este decreto acelera la incorporación de donaciones y apoyo presupuestario no reembolsable al presupuesto nacional. Permite que instituciones públicas reciban y registren estos recursos externos de forma más rápida usando un formulario del sistema SIAFI, simplificando el proceso administrativo para beneficiar programas y proyectos en el año fiscal actual.
Decreto Legislativo No. 215-2024 — Servicio de la Deuda Pública en operaciones presupuestarias
Esta ley establece cómo Honduras pagará su deuda pública usando sistemas informáticos especializados (SIAFI y SIGADE). Los fondos que se ahorren por alivio de deuda se destinarán a programas contra la pobreza, provenientes de iniciativas internacionales como HIPC, MDRI y Club de París.
Decreto Legislativo No. 266-2024 — Incorporación de lineamientos de Protección Social
Esta ley obliga a todas las instituciones, programas y proyectos de asistencia social a incluir políticas de protección social y desarrollo de la primera infancia en sus planes y presupuestos. El gobierno debe evaluar cada trimestre si se cumplen estos compromisos hacia la población vulnerable y las instituciones deben reportar su avance cada tres meses.
Decreto Legislativo No. 253-2024 — Seguimiento y evaluación del POA y Presupuesto
Esta ley obliga a todas las instituciones de gobierno a registrar mensualmente su gasto y avance de planes en un sistema financiero central (SIAFI), y enviar reportes trimestrales a Finanzas dentro de 15 días. Finanzas debe publicar estos informes en su sitio web y enviarlos al Congreso, la Corte de Cuentas y otras entidades para que el público pueda supervisar cómo se ejecutan los presupuestos públicos.
Decreto Legislativo No. 242-2024 — Ampliación de plazo para proyectos con financiamiento externo
Esta ley permite extender los plazos de proyectos que reciben dinero de organismos internacionales o del gobierno. La Dirección de Crédito Público gestiona las ampliaciones ante organismos externos, mientras que Finanzas decide sobre proyectos financiados con fondos nacionales, notificando directamente a las instituciones ejecutoras si aprueban o rechazan la solicitud.
Decreto Legislativo No. 254-2024 — Análisis de informes presupuestarios por Comisión Legislativa
Esta ley ordena al Congreso Nacional revisar y analizar los gastos del gobierno a través de audiencias públicas donde pueden participar ciudadanos y organizaciones. También establece que cada semestre se revise específicamente cómo el gobierno gasta en programas para mujeres e igualdad de género, con participación obligatoria de organizaciones femeninas y municipales.
Decreto Legislativo No. 221-2024 — Autorización al INFOP para seguimiento de convenios y compra de maquinaria y equipo
Esta ley autoriza al INFOP a continuar sus convenios con empresas públicas y privadas para capacitar jóvenes en tecnología e informática en todo Honduras. También le permite comprar equipos, maquinaria y construir nuevos centros de formación profesional usando 500 millones de lempiras del Banco Central distribuidos entre 2024 y 2025.
Decreto Legislativo No. 218-2024 — Autorización para incrementar objeto de gasto 27500 referido a Gastos Judiciales
Esta ley permite que todas las instituciones públicas de Honduras aumenten sin límites el dinero destinado a gastos judiciales (como abogados y costos legales) para cumplir sus obligaciones legales. Si necesitan reducir este gasto, deben pedir permiso a Finanzas con justificación.
Decreto Legislativo No. 203-2024 — Instrucción al SENPRENDE para financiar Fondo CREDIMUJER
El Estado ordena a SENPRENDE (institución que apoya emprendedores) destinar al menos 5 millones de lempiras de su presupuesto para el Fondo CREDIMUJER, que otorga créditos a mujeres emprendedoras. Esta medida busca facilitar el acceso al financiamiento para que las mujeres inicien o expandan sus negocios.
Decreto Legislativo No. 202-2024 — Asignación de saldos del Fideicomiso de Tasa de Seguridad Poblacional a la Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer
Este decreto asigna 100 millones de lempiras a la Secretaría de Asuntos de la Mujer, provenientes de fondos liquidados. El dinero se usará para: expandir servicios (50 millones), construir y mantener casas refugio para mujeres víctimas de violencia (30 millones) y prevenir violencia contra mujeres (20 millones).
Decreto Legislativo No. 204-2024 — Distribución de transferencias presupuestarias a las Municipalidades
Esta ley ordena que el Estado distribuya dinero a los municipios de tres formas: 50% en partes iguales para todos, 20% según la población de cada municipio, y 30% según el nivel de pobreza. El objetivo es financiar a los gobiernos locales de manera equitativa, considerando su tamaño y necesidades.
Decreto Legislativo No. 58-2023 — Decreto sobre Desarrollo Municipal
Decreto Legislativo No. 50-2023 — Ley de la Ruta Garífuna
Decreto Legislativo No. 58-2023 — Desarrollo económico y social de comunidades municipales
Este decreto obliga al Estado a promover el desarrollo económico y social de los municipios hondureños, dándoles herramientas para crear ventajas competitivas propias. Beneficia a gobiernos municipales y sus comunidades al permitirles desarrollarse de forma autónoma, especialmente en infraestructura vial, reduciendo su dependencia de solicitudes al gobierno central.
Decreto Legislativo No. 50-2023 — Ley de la Ruta Garífuna
Esta ley declara la Ruta Garífuna como un programa permanente para preservar y promocionar la lengua, danza y artesanías de la población garífuna hondureña. Crea un comité con representantes de instituciones públicas, municipios y organizaciones garífunas para conservar y divulgar la cultura garífuna, sin generar gastos al Estado porque será financiado por participantes y patrocinios privados.
Ley de la Ruta Garifuna
Esta ley crea un Programa Permanente de Interés Nacional llamado «Ruta Garífuna» para preservar y promover la lengua, danza y artesanías del pueblo garífuna hondureño, así como intercambios culturales internacionales. Establece un comité interinstitucional que coordina varias instituciones públicas y organizaciones garífunas para gestionar la iniciativa sin costo para el Estado, financiándose con participantes y patrocinadores privados.
Decreto Legislativo No. 54-2023 — Ley Especial de las Transacciones de Carbono Forestal para la Justicia Climática
Esta ley permite a Honduras comprar y vender créditos de carbono forestal para combatir el cambio climático y financiar la conservación de bosques. Crea una Comisión Nacional que aprueba estos proyectos y autoriza tres tipos de transacciones: canje de deuda por naturaleza, mercado nacional de carbono y pagos por resultados. Los ingresos se destinan a ampliar áreas protegidas y mantener el inventario nacional de gases de efecto invernadero.