Acuerdo No. 067-2025 — Procedimiento para la comercialización de la madera del bosque de pino en áreas de tenencia nacional

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA A TRAVES DE VENTA DIRECTA DE LA MADERA DE PINO. 1. Firma del Contrato de Compraventa Una vez emitida la resolución que autoriza el inicio del procedimiento de comercialización de la madera mediante venta directa, el Departamento de Desarrollo Comunitario remitirá dicha resolución a la Región Forestal correspondiente, a fin de que notifique a los interesados la misma y que de igual manera proceda a lo siguiente:

• •

  Elaborar el borrador del contrato de compraventa de la madera.

• •

  Elaborar el contrato de prestación de servicios para la actividad de aprovechamiento.

• •

  Emitir un dictamen técnico conjunto con la Coordinación de Manejo y Desarrollo Forestal Comunitario, con el visto bueno del Jefe Regional. Posteriormente, la documentación será remitida nuevamente al Departamento de Desarrollo Comunitario, el cual también emitirá su dictamen técnico y luego la enviará al Departamento Legal para que emita su opinión legal, revisando detalladamente cada cláusula del contrato de compraventa. El contrato de compraventa deberá ser firmado por: 1. El Representante Legal de la Organización Comunitaria. 2. El comprador. Además, deberán firmar como testigos de honor los siguientes representantes de la Región Forestal correspondiente:

• •

  El Jefe Regional.

• •

  El Coordinador de Desarrollo Forestal Comunitario.

• •

  El Coordinador de Manejo y Desarrollo Forestal. Posteriormente la Región Forestal, seleccionará el contratista que cumpla los requerimientos para realizar el aprovechamiento y elaborará el contrato de prestación de servicios forestales para el madereo del plan operativo anual, considerando el costo promedio de aprovechamiento o extracción de la madera aprobado por el ICF. Para la selección del contratista, se podrá considerar el comprador de la madera, siempre y cuando cuente con la maquinaria necesaria y personal calificado para realizar las actividades del aprovechamiento. 2. Mecanismo de Pago del Contrato El pago del monto total correspondiente al volumen de madera adjudicada se realizará en función de las unidades de corta establecidas en el Plan Operativo Anual (POA), conforme al siguiente procedimiento: a) Primer pago (correspondiente a la primer unidad de corta):

• •

  El adjudicatario realizará el pago inmediatamente después de la firma del contrato.

• •

  El pago deberá efectuarse mediante cheque de caja o cheque certificado o transferencia bancaria electrónica verificable, a nombre de la Organización Agroforestal beneficiaria.

• •

  La verificación de dicho pago será condición indispensable para el inicio del aprovechamiento forestal. b) Pagos sucesivos (por cada unidad de corta adicional):

• •

  Cada pago deberá realizarse antes del inicio del aprovechamiento de la respectiva unidad de corta.

• •

  Se utilizarán los mismos medios de pago cheque de caja , cheque certificado o transferencia bancaria a nombre de la Organización Agroforestal. 3. Validación ante el ICF: Al presentar la solicitud de autorización de cambio de unidad de corta ante el Instituto de Conservación Forestal (ICF), el Técnico Forestal Calificado (TFC) responsable del POA deberá adjuntar: El recibo de pago emitido por la Organización Agroforestal. Copia del cheque de caja, cheque certificado o de la garantía hipotecaria, bancaria o fianza de la compañía de seguro o del comprobante de transferencia bancaria electrónica correspondiente al pago efectuado por el adjudicatario.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA A TRAVES DE VENTA DIRECTA 1. Constitución de la Garantía Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de compraventa de madera, el comprador deberá presentar una garantía de cumplimiento equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del volumen del POA. Dicha garantía podrá constituirse mediante cheque de caja o cheque certificado a nombre de la Organización Agroforestal; así como también garantías hipotecarias, bancarias o fianzas de compañías de seguro, emitida a favor de la Organización Agroforestal y deberá entregarse en el momento de la firma del contrato. En caso de que el comprador realice el aprovechamiento forestal, deberá presentar garantía de cumplimiento de normas técnicas equivalente al diez (10%) por ciento del volumen total autorizado. 2. Devolución de la Garantía La garantía de cumplimiento será devuelta al comprador una vez concluido satisfactoriamente el proceso de comercialización del volumen de madera autorizado, previa verificación y certificación del cumplimiento total de las obligaciones contractuales por parte del Técnico Forestal Calificado (TFC) responsable del POA y la Oficina Regional del ICF. La devolución será tramitada por la Organización Agroforestal, acompañando los informes técnicos y administrativos respectivos. La vigencia de la garantía deberá cubrir todo el período de ejecución del contrato, más un plazo adicional de tres (3) meses posteriores a su finalización. 3. Ejecución de la Garantía La Organización Agroforestal, en coordinación con el ICF, podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento cuando se compruebe el incumplimiento del contrato, incluyendo, entre otros:

• •

  Retraso injustificado en el pago del volumen adjudicado.

• •

  Abandono del proceso de comercialización sin causa justificada.

• •

  Incumplimiento de las condiciones técnicas del POA.

• •

  Resolución anticipada del contrato atribuible al comprador.

• •

  Cualquier otra falta grave que afecte la ejecución del contrato o cause perjuicio a la Organización Agroforestal.

• •

  El contrato que se suscriba al efecto deberá incluir la indemnización que se pagará por el incumpliendo de las partes. Para el seguimiento, control y verificación del cumplimiento del contrato de compraventa, se deberá cumplir con lo descrito en el artículo 11 del presente Acuerdo. El TFC deberá elaborar un informe detallado de los ingresos y egresos del aprovechamiento, previo a la asignación de porcentajes por parte de ICF.

PROHIBICIÓN DE COMPROMISOS DE COMPRA-VENTA DIRECTA PARA POAS SUBSIGUIENTES Se prohíbe a las organizaciones agroforestales realizar compromisos de compra-venta directa sobre los Planes Operativos Anuales (POAs) subsiguientes correspondientes al área asignada. Para la comercialización de dichos POAs, las organizaciones deberán someterse obligatoriamente al proceso de subasta pública, garantizando así la transparencia, competencia y cumplimiento de las disposiciones establecidas por el ICF.

DISPOSICIONES GENERALES 1. En caso que no se logre comercializar el volumen total autorizado a través de venta directa, se deberá someter a subasta pública el volumen restante, de acuerdo con el procedimiento establecido en esta normativa. 2. En caso de ausencia del Secretario General durante el evento de la Subasta Pública, éste podrá delegar su participación y funciones a cualquier abogado adscrito a la Secretaría General, quien actuará en representación y cumplirá con todas las responsabilidades asignadas al Secretario General conforme al presente acuerdo. 3. En todos los casos de comercialización de la madera, ya sea mediante Subasta Pública o Venta Directa, el proceso debe ser debidamente documentado, asegurando que toda la información correspondiente esté disponible y accesible en cada una de las instancias del ICF: Oficina Local, Oficina de la Región Forestal y Departamentos del Nivel Central. Esto permitirá su revisión y auditoría en cualquier momento que el ICF u otros organismos de control del Estado lo consideren pertinente. 4. El ICF podrá realizar subastas públicas en aquellas áreas donde las Organizaciones Agroforestales se encuentren inactivas o manifiesten falta de interés en desarrollar actividades de manejo forestal. Asimismo, se podrán efectuar subastas públicas en áreas no asignadas a comunidades o grupos agroforestales para la promoción del manejo forestal, siempre y cuando dichas áreas estén debidamente tituladas a favor del Estado de Honduras o de alguna institución estatal. 5. Durante el primer quinquenio del Plan de Manejo Forestal, la Organización Comunitaria deberá comercializar la madera al menos puesta en bacadilla, lo que implica que las faenas de corte, desrame y troceo de la madera en rollo deberán ser ejecutadas directamente por la Organización Agroforestal y sus pobladores comunitarios de manera obligatoria. 6. A partir del segundo quinquenio del Plan de Manejo Forestal y conforme a las condiciones del recurso y la capacidad técnica y organizativa de la Organización Agroforestal, se deberá incrementar progresivamente el nivel de valor agregado en la cadena de producción forestal, mediante la optimización de beneficios, así como la realización de actividades complementarias como transporte, dimensionado, entrega en yarda y otras tareas afines, con el objetivo de maximizar los beneficios para la comunidad. 7. La Organización Comunitaria, beneficiaria del Contrato de Manejo Forestal Comunitario (CMFC) y del Sistema de Supervisión Forestal (SSF), no podrá realizar anticipadamente ninguna transacción ni contrato de compra-venta con persona natural o jurídica alguna, relativo a la comercialización del volumen de madera aprobado en el POA ni de los futuros volúmenes correspondientes a los siguientes POA del área asignada, sin haber implementado previamente el proceso completo establecido en el marco legal vigente y contar con la autorización expresa de la Dirección Ejecutiva del ICF. Además, dicho proceso deberá estar acompañado en todo momento por la asistencia técnica y legal proporcionada por el ICF. 8. En todo momento se deberá dar fiel cumplimiento al presente Acuerdo para la implementación del Proceso de Comercialización de la Madera del Bosque Nacional, garantizando la transparencia ante las comunidades, gobiernos locales, instituciones de apoyo y cooperantes nacionales e internacionales. 9. El ICF no acepta, ni reconoce ni se compromete y desconoce cualquier negociación que las Organizaciones Agroforestales realicen con terceros sobre el recurso forestal, sin seguir los procedimientos técnicos/legales/ administrativos establecidos y autorizados por el ICF, eximiendo al ICF de cualquier responsabilidad pasada, presente y futura por reclamos de terceros sobre el recurso forestal basados en contratos, compra ventas, negociaciones o cualquier tipo de enajenación. Para la subsanación de los daños económicos que se ocasionen por estas negociaciones, dicho monto será deducido del 20% de utilidades que le corresponden a la Organización Agroforestal, sin afectar los montos destinados a proyectos productivos, sociales o al fondo del ICF, esto con el objetivo de dar continuidad a la implementación del plan de manejo forestal y plan operativo anual. 10. El precio base que se oficialice por parte del ICF, se aplicará en todas aquellas organizaciones agroforestales beneficiarias del Sistema Social Forestal.

Reforma al Capítulo VI, literal b, del Acuerdo 026-A-2013. Reformar el quinto y séptimo párrafo del literal b del Capítulo VI del Acuerdo 026-A-2013, que contiene la Estrategia Nacional de la Forestería Comunitaria, los cuales a partir de esta reforma se leerán de la siguiente manera: 1. Párrafo quinto: Del ingreso del cien por ciento (100%) de la utilidad neta obtenida por la venta del producto forestal, la Organización Comunitaria y el Instituto de Conservación Forestal (ICF), a través del Comité de Comercialización, realizarán la siguiente distribución:

• a)

  25% para obras de inversión comunitaria.

• b)

  25% para el fortalecimiento del Sistema Social Forestal del ICF.

• c)

  30% para proyectos productivos de los miembros de la Organización Comunitaria.

• d)

  20% para la Organización Agroforestal. El 25% de las utilidades generadas por el aprovechamiento de la madera en los bosques nacionales serán administradas por el Instituto de Conservación Forestal (ICF), a través de su Gerencia Administrativa- El dinero se depositará en una cuenta destinada específicamente para estos fines, debiendo ser ingresado al Presupuesto Institucional como fondos propios. La ejecución de estos fondos se realizará mediante propuestas presentadas por el Departamento de Desarrollo Forestal Comunitario y el Departamento de Manejo y Desarrollo Forestal del ICF con el visto bueno de la Dirección Ejecutiva. Estas propuestas estarán orientadas a fortalecer las capacidades de las comunidades y organizaciones involucradas en la gestión forestal, promoviendo el manejo sostenible y el desarrollo de los recursos naturales.

Para los casos no previstos en el presente reglamento, se estará a lo dispuesto en la normativa forestal vigente y demás disposiciones legales aplicables.

Por ser parte de las facultades, funciones y prerrogativas del ICF, en cumplimiento de la Ley y los objetivos de la misma, el presente Acuerdo es de ejecución y vigencia inmediata y deberá ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el portal de transparencia y página web del ICF.- COMUNÍQUESE Y PÚBLIQUESE. - Dado en la ciudad de Comayagüela, municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025). LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO DIRECTOR EJECUTIVO RODOLFO ANTONIO ZAMORA GALEAS SECRETARIO GENERAL Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre ACUERDO INSTITUCIONAL No. ICF-091-2025 LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO F O R E S T A L , Á R E A S P R O T E G I D A S Y V I D A SILVESTRE. CONSIDERANDO: Que la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto Legislativo No. 98-2007) y su Reglamento (Acuerdo No. 31-2010), establecen el régimen legal a que se sujeta la administración y manejo de los recursos forestales, áreas protegidas y vida silvestre, incluyendo su protección, restauración, aprovechamiento, conservación y fomento, propiciando el desarrollo sostenible, de acuerdo con el interés social, económico, ambiental y cultural del país. CONSIDERANDO: Que es potestad del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), administrar y regular los aprovechamientos y demás actividades forestales y afines que se desarrollen en áreas forestales públicas para garantizar su manejo racional y sostenible, de igual forma le corresponde regular y controlar el recurso forestal privado, con el fin de garantizar la sostenibilidad ambiental. CONSIDERANDO: Que del cien por ciento (100%) del ingreso de la utilidad neta obtenida por la venta del producto forestal, la Organización Comunitaria y el Instituto de Conservación Forestal (ICF), a través del Comité de Comercialización, realizarán la siguiente distribución: a) 25% para obras de inversión comunitaria. b) 25% para el fortalecimiento del Sistema Social Forestal del ICF. c) 30% para proyectos productivos de los miembros de la Organización Comunitaria. d) 20% para la Organización Agroforestal. Que el 25% correspondiente a las utilidades generadas en bosque nacional por el aprovechamiento de la madera será administrado directamente por el ICF. CONSIDERANDO: Que el ICF no acepta, ni reconoce ni se compromete y desconoce cualquier negociación que las Organizaciones Agroforestales realicen con terceros sobre el recurso forestal, sin seguir los procedimientos técnicos, legales y administrativos establecidos y autorizados por el ICF, eximiendo al ICF de cualquier responsabilidad pasada, presente y futura por reclamos de terceros sobre el recurso forestal basados en contratos, compra ventas, negociaciones o cualquier tipo de enajenación. Para la subsanación de los daños económicos que se ocasionen por estas negociaciones, dicho monto será deducido del 20% de utilidades que le corresponden a la Organización Agroforestal, sin afectar los montos destinados a proyectos productivos, sociales o al fondo del ICF, esto con el objetivo de dar continuidad a la implementación del plan de manejo. POR TANTO El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, en aplicación de los artículos 340 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 9, 11, 18, 19, 48, 77, 82, 127, 129, 164, 166, 193, 195 y 211 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; 130, 133, 458, 459, 460 y 475 del Reglamento de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; 3 y 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo; Acuerdo Institucional No. 067-2025 contentivo del “Procedimiento para la comercialización de la madera del bosque de pino en áreas de tenencia nacional, asignado a las organizaciones comunitarias, beneficiarias de la forestería comunitaria. ACUERDA: CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las normas y procedimientos para la administración, control y fiscalización de los fondos provenientes del aprovechamiento forestal, sea por venta directa, subasta pública, planes de salvamento y otras actividades productivas, conforme a la normativa vigente de comercialización y precio base de la madera en bosque nacional. Artículo 2. Alcance. Este reglamento es de cumplimiento obligatorio para la Organización Agroforestal y el ICF, en sus respectivas funciones y responsabilidades. CAPÍTULO II: MANEJO FINANCIERO Artículo 3. Cuenta Única. La Organización Agroforestal deberá aperturar una cuenta bancaria a nombre de la Organización, que será exclusivamente para registrar los ingresos y egresos relacionados con el aprovechamiento forestal. Artículo 4. Aplicación de Fondos. Los ingresos serán afectados de la siguiente forma: 1. Pago de costos operativos y administrativos, conforme a las tablas de cálculo del precio base aprobado por el ICF (dictamen técnico de la coordinación de Desarrollo Forestal Comunitario de la Región Forestal y ratificado por el Comité de Comercialización) con base a la normativa vigente. 2. Distribución proporcional y ajustados estrictamente a lo indicado en el dictamen técnico respectivo según actividades que definen el precio base: (administrativas y operativos). Artículo 5. Autorización de Pagos. Todo pago debe contar con autorización escrita previa del ICF, conforme al dictamen respectivo. No se permitirá ningún desembolso sin el visto bueno institucional, la autorización debe de adjuntarse a los recibos de pago correspondiente. Artículo 6. Pagos No Autorizados. Cualquier pago no autorizado ni definido en los dictámenes técnicos será deducido de las utilidades de la organización (20% para la Organización Agroforestal). CAPÍTULO III: TRANSPARENCIA Y FISCALIZACIÓN Artículo 7. Registro de Pagos. Todos los pagos deberán ser respaldados con recibos debidamente firmados, y registrados en libros foliados de ingresos y egresos, revisados y sellados por el ente regulador. Los cuales deben estar a disposición para ser revisados por ICF. Artículo 8. Informes Mensuales. A más tardar el 20 de cada mes la organización deberá entregar un informe mensual detallado al ICF, a través del Técnico Forestal Calificado (TFC) responsable, incluyendo montos ingresados, gastos realizados y saldos disponibles, sin limitar se informe por cada unidad de corta la cantidad de metros cúbicos (m3) aprovechados y por aprovechar. Artículo 9. Auditorías y Monitoreo. La responsabilidad del monitoreo de los fondos recae en la coordinación de Desarrollo Forestal Comunitario de la Región Forestal correspondiente del ICF, en caso de requerirse, podrán solicitar apoyo técnico o legal del Departamento de Desarrollo Forestal Comunitario y del Departamento Legal del ICF. En situaciones de fuerza mayor o irregularidades graves, se podrá convocar al Comité de Comercialización, conforme lo establecido en el Acuerdo de Comercialización correspondiente. CAPÍTULO IV: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Artículo 10. Asambleas Comunitarias. La organización convocará a asambleas comunitarias para: 1. Rendir cuentas sobre el uso de los fondos. 2. En el marco de las normas técnicas, definir proyectos sociales y productivos, incorporando mecanismos de participación en la gobernanza forestal, con la participación del Consejo Intercomunal o Patronato para analizar proyectos y presupuesto. Artículo 11. Prioridad en la Contratación. Se dará prioridad para labores de aprovechamiento a: 1. Socios de la organización. 2. Habitantes de comunidades beneficiarias. 3. Habitantes de comunidades aledañas. 4. Se justifica la contratación de mano de obra calificada si no hay disponibilidad en los grupos anteriores. CAPÍTULO V: SANCIONES Y DISPOSICIONES FINALES Artículo 12. Sanciones. Un manejo inadecuado de los fondos podrá conllevar: 1. Restricción temporal de operaciones forestales. 2. Modificación de los mecanismos de administración por parte del ICF. (CMF) 3. Intervención directa en la gestión de recursos través de instancias internas o externas de ser necesario. 4. Aplicación de la Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Código Penal vigente, Manual de Faltas y Sanciones, según corresponda. 5. Aplicación de la Ley de Cooperativas y la Ley del Sector Social de la Economía. Artículo 13. Derechos y Obligaciones. Del ICF:

• •

  Aprobar a través de la Región Forestal el precio base del producto o subproducto mediante dictamen técnico.

• •

  Autorizar pagos según las actividades identificadas en el cálculo de precio base.

• •

  Supervisar el cumplimiento del presente Acuerdo.

• •

  Monitorear los fondos a través de la Región Forestal correspondiente.

• •

  Solicitar apoyo de otras dependencias del ICF cuando sea necesario.

• •

  Convocar al Comité de Comercialización en caso de irregularidades.

• •

  Apoyo a las organizaciones agroforestales en dar seguimiento y monitorio a contratos establecidos en el marco de la comercialización de la madera.

• •

  Crear expediente del monitoreo y seguimiento del aprovechamiento realizado y de la gestión de los fondos.

• •

  Elaborar lineamientos que regulen el uso de fondos de los proyectos sociales y productivos. De la Organización:

• •

  Administrar los fondos conforme a este Acuerdo y normativa vigente.

• •

  Cumplir con las obligaciones fiscales y administrativas.

• •

  Rendir informes y realizar asambleas informativas.

• •

  Promover la inclusión y participación de las comunidades.

• •

  Prestar colaboración al presentar información que el ICF u otra organización solicite.

• •

  La junta de vigilancia deberá realizar auditorías internas cada trimestre y deberá presentar informe detallado al ICF de los hallazgos encontrados. Artículo 14. Disposiciones Finales. Las utilidades generadas por ingresos provenientes de planes de salvamento u otras actividades productivas deberán ser consensuadas en asambleas comunitarias, destinando obligatoriamente un porcentaje no menor del veinticinco por ciento (25 %) a proyectos sociales de beneficio para la mayoría de los pobladores. El proyecto o actividad será propuesto y acordado en las asambleas respectivas. Esta disposición será aplicable tanto en áreas asignadas como en áreas nacionales no asignadas, en cuyo caso los trámites correspondientes serán realizados por los patronatos respectivos. Artículo 15. Disposiciones Finales. La distribución de las utilidades se realizará al finalizar todas las actividades de madereo, previo a un informe detallado, elaborado en conjunto con el ICF a través de la Región Forestal, Organización Agroforestal y Técnico Forestal Calificado (TFC). El presente Acuerdo por ser parte de las facultades, funciones y prerrogativas del ICF, en cumplimiento de la Ley y los objetivos de esta, es de ejecución y vigencia inmediata para los procesos de aprovechamiento aprobados para subastas públicas, ventas directas, planes de salvamento y otras actividades productivas como en nuevos procesos que se ejecuten.

El presente Acuerdo debe ser publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”, el portal de transparencia y la página web del ICF. - COMUNÍQUESE Y PÚBLIQUESE. Dado en la ciudad de Comayagüela, municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025). INGENIERO LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO DIRECTOR EJECUTIVO ICF ABOGADO RODOLFO ANTONIO ZAMORA GALEAS SECRETARIO GENERAL ICF Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre ACUERDO INSTITUCIONAL No. 092-2025 LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) CONSIDERANDO: Que, la Constitución de la República de Honduras, en su artículo 340 declara que los recursos naturales de la Nación son de utilidad pública y corresponde al Estado reglamentar su uso sostenible, de acuerdo con el interés social, económico, ambiental y cultural del país. CONSIDERANDO: Que, el artículo 2 de la Constitución de la República establece que “la Soberanía corresponde al Pueblo, del cual emanan todos los Poderes del Estado que se ejercen por representación”; en virtud de esta soberanía popular, las comunidades asentadas en “El Merendón” son reconocidas como legítimas titulares y garantes de la gestión sostenible de sus recursos naturales, debiendo su participación ser entendida como expresión directa del mandato constitucional. CONSIDERANDO: Que, el Estado hondureño es signatario de Convenios Internacionales donde asume compromisos relativos a la conservación, protección y restauración de la biodiversidad. CONSIDERANDO: Que, en el artículo 109 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto Legislativo 98-2007), establece que es facultad del Estado de Honduras a través del Congreso Nacional de la República y la asistencia del ICF, la declaratoria de área protegidas y vida silvestre dentro del territorio de la República de Honduras. CONSIDERANDO: Que, la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre aprobada mediante Decreto Legislativo 98- 2007, en su artículo 111 concede al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), las facultades de Manejo y Administración de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del País. CONSIDERANDO: Que, es obligación del Instituto de Conservación Forestal (ICF) velar por la conservación, protección y preservación de la flora y fauna existente en el país, principalmente todas las especies que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. CONSIDERANDO: Que, la Zona de Reserva “El Merendón” fue declarada área protegida mediante el Decreto Legislativo No. 46-90, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 12 de julio de 1990, en la edición No. 26,184. Dicha declaratoria tuvo como propósito detener la explotación irracional de los recursos naturales, la cual representaba una amenaza para las fuentes de agua que abastecen a la ciudad de San Pedro Sula. CONSIDERANDO: Que, mediante Decreto Legislativo No.334-2013, publicado en la edición No. 33,336, en fecha 23 de enero de 2014, los límites del área fueron redefinidos excluyendo principalmente cinco sectores, estos corresponden a:

• 1)

  Desde el Cerro Will hasta la intersección de la cota 200 con el Río Armenta;

• 2)

  Desde la intersección de la cota 20 con el Río Santa Ana hasta la Puerta;

• 3)

  Las colonias Lempira II y III;

• 4)

  La colonia La Fortaleza; y,

• 5)

  Desde Casa Quemada hasta la Intersección con el Río Naco. Durante este proceso de redefinición se excluyeron un total de 2,583.72 hectáreas. CONSIDERANDO: Que, a través del Decreto No. 58-2024, se establece la derogación en todas y cada una de sus partes el Decreto Legislativo No. 334-2013, y se ordena al Instituto de Conservación Forestal (ICF) redefinir los límites de la Zona de Reserva “El Merendón” priorizando su ampliación, especialmente en el sector del Cerro Will. CONSIDERANDO: Que, en el Reglamento de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Acuerdo Ejecutivo No. 031-2010) en el artículo No. 335 establece que el procedimiento a seguir para la redelimitación y recategorización de las áreas protegidas; es el mismo que se realiza para la declaratoria de áreas protegidas, por lo tanto, se debe de seguir como base los lineamientos establecidos en el artículo 326 al 339 de la misma normativa. CONSIDERANDO: Que, en el artículo 324 del Reglamento de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, establece las categorías de manejo de las áreas protegidas, estas corresponden a:

  • 1)

    Monumento Natural,

  • 2)

    Parque Nacional,

  • 3)

    Refugio de Vida Silvestre,

  • 4)

    Reserva Antropológica; y,

  • 5)

    Reserva Biológica, por lo tanto, durante este proceso además de redefinir sus límites, se propone una nueva categoría. CONSIDERANDO: Que la zona del Merendón, por su ubicación estratégica, riqueza natural, diversidad biológica, riqueza cultural y diversidad de agroecosistemas, presenta un alto potencial para el desarrollo de actividades compatibles con la conservación, tales como el turismo sostenible, agroforestería, educación ambiental, investigación científica, restauración ecológica y otras iniciativas de uso racional de los recursos naturales, que contribuyen al bienestar de las comunidades locales, seguridad hídrica para la ciudad de San Pedro Sula y a la protección de los ecosistemas presentes en el área protegida. CONSIDERANDO: Es indispensable reconocer a las comunidades locales como aliadas y protagonistas en la defensa, promoción, conservación y protección del Parque Nacional “El Merendón”; valorando su compromiso histórico y cotidiano en el resguardo de sus territorios, lo cual fortalece la gobernanza ambiental y contribuye a la sostenibilidad del área protegida. CONSIDERANDO: Que, durante décadas, las comunidades asentadas en la zona de reserva han llevado a cabo de manera histórica y continuada labores de construcción, ampliación y mejora de viviendas, adecuación de vías de acceso y cultivo de parcelas para su subsistencia; prácticas que, lejos de representar un perjuicio irreparable para los objetivos de conservación, responden al ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y al acceso a los recursos naturales para el sustento familiar. POR TANTO: La Dirección Ejecutiva, en uso de sus facultades y con fundamento en los artículos 1, 12, 59, 172, 205 numerales 1, 19, 35 y 37; artículos 294, 298, 300, 301, 328, 329, 330, 340, 341, 354 y 358 de la Constitución de la República; artículo 3 numerales 2, 5 y 16, artículos, 5, 6, 7, 9, 11 numerales 6, 7, 15, 21 y 24, 25 numeral 2, 64, 65, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 133, 149, 151 de la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre; 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336 y 337 del Reglamento General de la Ley Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre; 35, 36, 37, 39, 40 y 41 de la Ley General del Ambiente. ACUERDA:

Aprobar el proceso técnico, legal y administrativo realizado por el Instituto de Conservación Forestal (ICF), mediante el cual se sustenta la pretensión del Estado de redefinir los límites y modificar la categoría de manejo del Área Protegida “El Merendón”, conforme a los estudios técnicos que justifican esta actualización. En consecuencia, se someterá a consideración del Congreso Nacional un decreto que contendrá el nuevo régimen de protección del área, recogiendo el contenido sustantivo del presente Acuerdo y la derogatoria expresa del Decreto Legislativo No. 46-90 de fecha 4 de mayo de 1990, el cual quedará sin efecto una vez entre en vigencia el Decreto Legislativo correspondiente.

La nueva categoría de manejo del área protegida corresponderá a “Parque Nacional”, esta se caracteriza por ser un sitio o paraje excepcionalmente pintoresco, selvático o agreste del territorio nacional, a fin de favorecer su acceso y disfrute y hacer que se respete la belleza natural del paisaje, la riqueza de su fauna y flora, y sus particularidades geológicas e hidrológicas, evitando todo acto de destrucción, deterioro o desfiguración del área.