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Esta ley ordena a los gerentes administrativos de instituciones públicas publicar y controlar información sobre compras y contrataciones en el sistema HONDUCOMPRAS. Obliga a instituciones públicas a publicar sus planes anuales de compras, documentar modificaciones y permitir que el Estado supervise cómo gastan el dinero público. El Instituto de Acceso a la Información (IAIP) verificará el cumplimiento y aplicará sanciones si no se publica la información.
Decreto 118-2024
Esta ley establece que si un préstamo o donación externa se suspende o cancela, el Estado puede rescindir el contrato pagando solo lo ejecutado hasta ese momento. También obliga a todas las compras públicas a hacerse a través del catálogo electrónico HONDUCOMPRAS, anulando compras que se hagan fuera si el producto está disponible en el sistema.
Decreto 115-2024
Esta ley autoriza a SEDENA a gastar directamente su presupuesto en alimentos, combustibles, repuestos y servicios militares sin pasar por trámites centralizados, agilizando así la defensa nacional. Los responsables de compras deben demostrar que estas contrataciones son urgentes. La ley beneficia a las Fuerzas Armadas permitiéndoles actuar más rápidamente.
Decreto 110-2024
Este decreto permite a instituciones públicas, empresas, institutos y municipalidades contratar bienes, servicios y obras a través de un procedimiento simplificado. El proceso requiere publicar los requerimientos en HonduCompras, recibir ofertas públicamente, y adjudicar al mejor oferente según precio y requisitos. Solo aplica para contratos mayores a L600,000.
Decreto 102-2024
Esta ley obliga a los directivos de instituciones públicas descentralizadas a enviar mensualmente a Finanzas un listado completo de su personal con salarios, dentro de 10 días después de terminar cada mes. Esto permite al gobierno supervisar y controlar los gastos de nómina en estas organizaciones públicas.
Decreto 258-2024
Esta ley designa a la Secretaría de Planificación Estratégica como responsable de ayudar y revisar los planes de todas las instituciones públicas del Ejecutivo. Todas las secretarías e instituciones autónomas deben crear o actualizar sus planes alineados con el Plan de Gobierno Bicentenario y enviarlos para aprobación antes del 30 de abril de 2024.
Decreto 251-2024 | Poder Ejecutivo
Este decreto establece que las instituciones descentralizadas pueden reorganizar funciones y renombrar puestos de trabajo, pero deben obtener aprobación de su máximo órgano de decisión, evitar duplicar funciones y mantener el salario de las plazas igual. Además, deben actualizar estos cambios en el sistema SIREP según la ley.
Decreto 248-2024
Las instituciones públicas deben registrar obligatoriamente en el sistema SIARH todos los cambios en sus estructuras de puestos durante el año fiscal en que se aprueban, o máximo dentro de 30 días antes del siguiente año fiscal. Esto aplica a todas las instituciones de Servicio Civil, independientemente de si el cambio afecta el presupuesto.
Decreto 246-2024
Esta ley obliga al ministerio de Finanzas a enviar reportes trimestrales al ministerio de la Mujer sobre cuántos hombres y mujeres ocupan puestos directivos y de decisión en el gobierno. El propósito es monitorear la representación de género en cargos de liderazgo y contar con datos para el Observatorio Nacional de Género.
Decreto 260-2024
Esta ley obliga a todas las instituciones que ejecutan proyectos de inversión pública en Honduras a presentar reportes trimestrales a la DGIP detallando el avance financiero y físico de cada proyecto. Los informes deben entregarse dentro de 15 días después de cada trimestre e incluir gastos, avances de obra, contratos firmados y otra información relevante.
Decreto 257-2024
El gobierno pagará el 50% del seguro médico para diplomáticos y funcionarios que trabajan en el extranjero. La Secretaría de Relaciones Exteriores financia esta cantidad desde su presupuesto operativo mientras estos empleados estén asignados al servicio exterior.
Decreto 161
Las instituciones públicas pueden contratar consultores nacionales o internacionales para tareas especializadas que su personal no pueda realizar. Los consultores nacionales residen en Honduras, mientras que los internacionales trabajan desde el extranjero. Se prohíbe usarlos para funciones administrativas o directivas que corresponden a empleados regulares.
Decreto 159
Esta ley permite que los contratistas reciban anticipo de dinero en proyectos de obras públicas, pero solo hasta el 20% del valor total del contrato. Para empresas extranjeras, se permite anticipo solo si el proyecto está financiado al menos 80% con dinero de fuentes externas.
Decreto 114-2024
El Estado debe preferir proveedores locales, emprendedores y pequeñas empresas al comprar bienes y servicios, documentando su ubicación geográfica. Solo permite contratación directa bajo condiciones especiales de la ley existente.
Decreto 112-2024
El gobierno destina 250 millones de lempiras para subsidiar el transporte urbano de buses y mantener las tarifas accesibles para los ciudadanos. El dinero se entrega al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) para que las personas puedan pagar menos por sus pasajes.
Decreto 228-2024
Esta ley establece cómo el Estado debe arrendar inmuebles siguiendo la Ley de Inquilinato. Requiere que los procesos sean públicos, transparentes y equitativos, permitiendo competencia entre oferentes. El Estado debe documentar todo el proceso en un expediente que será revisado por organismos de control.
Decreto 109-2024
Este decreto permite que las Secretarías de Seguridad y Salud compren alimentos, medicinas, combustible y servicios médicos de urgencia sin la autorización usual de compras del Estado, si no están disponibles en el catálogo oficial. También autoriza a Salud a contratar servicios de diálisis por cotización cuando las licitaciones fracasan, garantizando atención a pacientes. La Seguridad puede pagar deudas de arrendamiento de 2023 si cumplen normas y precios justos.
Decreto 111-2024
Esta ley prohíbe que las instituciones públicas contraten personal temporal cuando ya existen plazas permanentes aprobadas para esos mismos trabajos. También impide contratar como temporales a personas que, por ley, deben ser nombradas directamente por la Presidenta. El objetivo es evitar abusos y garantizar que se usen las plazas existentes.
Decreto 86-2024
Esta ley controla la producción, venta y consumo de tabaco en Honduras para proteger la salud pública. Establece restricciones en la publicidad de cigarrillos, protege a menores de edad y destina recursos de impuestos al tabaco para programas de salud, educación y protección de mujeres víctimas de violencia.
Decreto 92-2010
Esta ley obliga a todas las instituciones públicas a publicar en HONDUCOMPRAS y sus portales de transparencia todos los procesos de compra, contratos y selección de proveedores, desde el plan anual hasta las órdenes finales. Busca garantizar transparencia y combatir la corrupción en las compras estatales, con multas de 3 a 30 salarios mínimos para quienes incumplan.
Decreto 117-2024
Esta ley obliga a los gerentes administrativos a verificar que los contratos estén publicados en HONDUCOMPRAS y respeten los límites de gasto permitidos antes de autorizar pagos. Si se incumplen estos techos de contratación, se aplica una multa equivalente al valor total del contrato.
Decreto 105-2024
Esta ley obliga a todas las instituciones públicas que ejecuten proyectos de inversión a registrar y actualizar constantemente los avances físicos y financieros en el sistema SNIPH. Las instituciones deben supervisar sus proyectos y mantener la información actualizada durante todo el ciclo del proyecto; el incumplimiento genera sanciones administrativas.
Decreto 171
Este decreto establece cómo el Estado desembolsará dinero a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en tres pagos: 40% inicial, 40% después de comprobar el primer pago, y 20% final tras verificar los anteriores. Las ONG deben presentar un informe completo con resultados, comprobantes financieros y auditoría dentro de dos meses de terminar el proyecto, siendo responsables del uso correcto del dinero.
Decreto 201-2024
Este decreto encarga a DIGER (Dirección de Gestión por Resultados) monitorear y evaluar cómo trabajan las instituciones públicas para verificar si cumplen sus metas. DIGER creará directrices, registrará los avances en un sistema llamado SIGPRET y publicará los resultados anualmente. También será responsable de la transformación digital del gobierno.
Decreto 252-2024