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Este decreto encarga a DIGER (Dirección de Gestión por Resultados) monitorear y evaluar cómo trabajan las instituciones públicas para verificar si cumplen sus metas. DIGER creará directrices, registrará los avances en un sistema llamado SIGPRET y publicará los resultados anualmente. También será responsable de la transformación digital del gobierno.
Decreto 252-2024
Esta ley obliga a todas las instituciones, programas y proyectos de asistencia social a incluir políticas de protección social y desarrollo de la primera infancia en sus planes y presupuestos. El gobierno debe evaluar cada trimestre si se cumplen estos compromisos hacia la población vulnerable y las instituciones deben reportar su avance cada tres meses.
Decreto 266-2024
El gobierno destina 250 millones de lempiras para subsidiar el transporte urbano de buses y mantener las tarifas accesibles para los ciudadanos. El dinero se entrega al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) para que las personas puedan pagar menos por sus pasajes.
Decreto 228-2024
Esta ley autoriza al INFOP a continuar sus convenios con empresas públicas y privadas para capacitar jóvenes en tecnología e informática en todo Honduras. También le permite comprar equipos, maquinaria y construir nuevos centros de formación profesional usando 500 millones de lempiras del Banco Central distribuidos entre 2024 y 2025.
Decreto 221-2024
Esta ley permite que la Universidad de Defensa de Honduras otorgue becas a empleados civiles de bajos recursos y personal administrativo con 2 o más años de servicio. También obliga a la Secretaría de Seguridad a dar becas mensuales a aspirantes de policía que cubran estudios, pasajes y seguros durante su formación.
Decreto 192
Esta ley obliga a las instituciones públicas a garantizar que los proyectos de inversión sigan funcionando después de terminar. Deben planificar y presupuestar el personal y recursos necesarios para mantener las obras y servicios, informando a Finanzas tres meses antes del cierre del proyecto.
Decreto 187
Los vehículos del Estado deben llevar la bandera nacional y el logotipo de su institución para identificarlos claramente. Esto aplica a ministerios, municipalidades y organismos públicos, excepto la Corte Suprema, Ministerio Público, Policía Nacional, Defensa y la dirección de inteligencia, que están protegidos por seguridad.
Decreto 166 | Poder Judicial
Esta ley obliga a todas las instituciones públicas a publicar en HONDUCOMPRAS los procesos para contratar empresas, garantizando transparencia y que cualquier ciudadano pueda conocer las contrataciones del gobierno. Solo hay excepciones en casos especiales por seguridad o emergencia.
Decreto 108-2024
Esta ley establece los requisitos que deben cumplir las instituciones públicas para solicitar ampliar el plazo de ejecución de proyectos de inversión. Exigen documentos como análisis de escenarios, informe de avance, reprogramación de actividades y demostrar que al menos el 75% de los recursos están comprometidos, con gastos administrativos no mayores al 10%. La solicitud debe presentarse con 3 meses de anticipación.
Decreto 243-2024
Decreto 1138-2023 | Poder Ejecutivo
Decreto 126-2023 | Poder Ejecutivo
Este acuerdo autoriza al gobierno a obtener varios préstamos internacionales (de Japón, BID y Banco Mundial) por más de 400 millones de dólares para financiar programas de transparencia anticorrupción, agua potable, salud, hospitales y apoyo a pequeños negocios de mujeres. El dinero se usará para mejorar servicios públicos y combatir la corrupción en Honduras.
Decreto 310-2023 | Congreso Nacional
Este reglamento establece cómo se pagan los viáticos y gastos de viaje a los funcionarios y empleados del Poder Judicial cuando viajan por trabajo dentro o fuera de Honduras. Define montos diarios según la categoría del empleado, zona geográfica y duración del viaje, y requiere que presenten documentos comprobantes y devuelvan lo no gastado.
Decreto CSJ-02-2026 | Poder Judicial
Un empleado demanda a la Secretaría de Seguridad para anular su despido, alegando que fue cancelado ilegalmente sin seguir el procedimiento correcto. Solicita ser reintegrado a su puesto, recibir los salarios no pagados y otros beneficios dejados de percibir desde su despido.
Decreto 0801-2025-00695 | Poder Judicial
Una empleada del Instituto de la Propiedad demanda al Estado por su despido ilegal e injustificado, solicitando que se anule el acuerdo de cancelación, se la reintegre a su puesto y se le paguen todos los salarios, vacaciones y prestaciones adeudadas desde su despido. El juzgado abre el proceso contencioso administrativo para resolver si el despido fue conforme a la ley.
Decreto 0801-2025-00755 | Poder Judicial
Estos avisos publican demandas contencioso-administrativas presentadas ante tribunales hondureños. Ciudadanos y empresas solicitan anular actos administrativos que consideran ilegales (decisiones de municipios, ministerios e institutos estatales), para que se reconozca su situación legal correcta y se adopten medidas de reparación según la ley.
Poder Judicial
Este es un aviso judicial sobre una demanda que presentó Héctor Antonio Reyes González contra el Ministerio Público para anular su despido por retiro voluntario. Reyes reclama que el despido fue ilegal, y solicita que se le paguen todos sus salarios, prestaciones, vacaciones y otros derechos desde que fue despedido hasta que el juez resuelva el caso, más intereses y costos del juicio.
Decreto 0801-2025-00681 | Poder Judicial
Este documento publica tres avisos judiciales: una demanda contra la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción por nulidad de resoluciones administrativas; una demanda contra la Secretaría de Relaciones Exteriores por falta de pago de salarios y prestaciones a un diplomático; y una solicitud de cancelación y reposición de un certificado de depósito bancario. Notifica a las partes demandadas y al público sobre procesos legales en curso.
Poder Judicial
Un ciudadano demanda al Estado de Honduras para que anule un acuerdo administrativo que considera fue emitido sin justificación y violó sus derechos. Busca ser reintegrado a su puesto de trabajo y recibir compensación por salarios no pagados. El juzgado en San Pedro Sula tramitará este caso de nulidad administrativa.
Decreto 0501-2026-00044 | Poder Judicial